Adorni va a Diputados en medio del escándalo por su patrimonio y con miles de preguntas en fila
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará este miércoles desde las 10.30 en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, en una sesión que estará marcada por la polémica en torno a su evolución patrimonial y las investigaciones judiciales en curso.
El oficialismo planea mostrar un fuerte respaldo político en el recinto, con la presencia del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y gran parte del gabinete, además de dirigentes y militantes en los palcos.
El funcionario, que no brinda declaraciones públicas desde fines de marzo, había asegurado en su última aparición que solo respondería “ante un juez”, minimizando las críticas.
Cómo será la sesión
El esquema prevé una exposición inicial de una hora, seguida por cuatro horas de preguntas por parte de los diputados, distribuidas según el tamaño de los bloques. En total, se estima que la jornada podría extenderse durante unas seis horas, con respuestas de Adorni en bloques de 20 minutos.
Desde la oposición advierten que el despliegue oficialista podría convertir la sesión en una puesta en escena política más que en un informe institucional.
Internas y estrategia opositora
Dentro de la oposición no hubo acuerdo sobre cómo encarar el debate: algunos sectores buscan centrar las preguntas en las causas por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que otros temen que eso habilite al funcionario a contraatacar con denuncias de corrupción de gestiones anteriores.
La falta de una estrategia unificada anticipa un intercambio desordenado durante la sesión.
Las causas judiciales
El panorama judicial de Adorni tiene dos frentes. Por un lado, el juez Daniel Rafecas archivó una causa por presunta malversación vinculada a un viaje oficial, al considerar que no hubo perjuicio para el Estado.
Por otro, sigue en curso la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En ese expediente se ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario, su entorno y una empresa vinculada, con el objetivo de determinar si su patrimonio creció de manera injustificada.
Desde la oposición sostienen que existirían inconsistencias entre sus ingresos declarados y sus gastos, lo que mantiene el tema en el centro de la escena política.