Crece la tensión en la Justicia santafesina por decisiones en causas de narcomenudeo
Un nuevo cruce institucional se produjo en la Justicia de Santa Fe luego de una resolución judicial vinculada a una causa por microtráfico de drogas, lo que generó un fuerte intercambio entre fiscales y camaristas de Rosario.
INICIOREGIÓNPOLÍTICA
3/11/2026
El conflicto se originó cuando una jueza de segunda instancia resolvió enviar un expediente por narcomenudeo a la Justicia federal, al considerar que el caso debía investigarse como narcotráfico, lo que implicaría que la causa quede fuera de la órbita de la Justicia provincial.
La decisión provocó la reacción del fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien cuestionó públicamente el criterio adoptado y advirtió que decisiones de ese tipo podrían tener consecuencias en materia de seguridad.
Según señaló el jefe de fiscales en declaraciones radiales, quitarle competencia a la Justicia provincial en este tipo de investigaciones podría generar “un Estado bobo”, lo que –según planteó– podría traducirse en más homicidios, balaceras y personas heridas por armas de fuego.
La resolución que generó el conflicto
El fallo que desencadenó la controversia fue dictado por la camarista Gabriela Sansó, durante el análisis de apelaciones a prisiones preventivas dictadas contra presuntos integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo.
El grupo investigado estaría vinculado al recluso de la cárcel de Piñero Jonatan “Jano” Fernández, relacionado con la organización criminal Los Monos, y había sido desbaratado tras allanamientos realizados en septiembre del año pasado en Villa Gobernador Gálvez.
En su resolución, la jueza ratificó las prisiones preventivas de la mayoría de los imputados, aunque dispuso la liberación de Agustín García, Luis Flores y Mirco Gruning. Además, declaró que la Justicia provincial no tenía competencia para continuar con la investigación, por lo que el expediente debía pasar al ámbito federal.
La causa había sido llevada adelante por los fiscales Brenda Debiasi y Pablo Socca.
La respuesta de los camaristas
Tras las declaraciones de Merlo, los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario difundieron un duro comunicado en el que rechazaron los dichos del fiscal regional.
En el texto señalaron que sus afirmaciones representan “un intento de coacción institucional” al intentar trasladar responsabilidades propias del Ministerio Público de la Acusación al ámbito judicial.
Los camaristas también consideraron “temerario y carente de rigor jurídico” vincular decisiones sobre competencia judicial con posibles hechos futuros de violencia, y remarcaron que ese tipo de argumentos utiliza el temor social frente a la inseguridad como forma de presión sobre los jueces.
Además, recordaron que muchos magistrados han sido víctimas de ataques vinculados al crimen organizado, precisamente por su intervención en causas contra organizaciones narcocriminales.
Datos sobre las causas
En el mismo comunicado, los jueces también cuestionaron lo que calificaron como una interpretación incorrecta de la realidad y aportaron cifras para contextualizar la situación.
Según indicaron, entre 2024 y lo que va de 2026 la Cámara recibió 358 recursos relacionados con microtráfico, de los cuales solo siete fueron derivados a la Justicia federal.
El texto concluye calificando las declaraciones del fiscal regional como “un exabrupto institucional impropio de un funcionario de su jerarquía”, al considerar que afectan la independencia del Poder Judicial.
Otro frente de tensión institucional
El cruce no es el único episodio reciente entre actores del sistema judicial santafesino. A fines de febrero, la fiscal general María Cecilia Vranicich envió una nota a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para manifestar su desacuerdo con una decisión del tribunal.
El reclamo surgió luego de que el máximo órgano judicial resolviera no destinar espacios físicos para el Ministerio Público de la Acusación dentro del nuevo Centro de Justicia Penal que se construye en la ciudad de Santa Fe, lo que generó nuevas fricciones dentro del sistema judicial provincial.