Imputaron a 11 gendarmes por quedarse con más de una tonelada de hojas de coca en controles en General Lagos
Una investigación judicial en Rosario puso en la mira a once efectivos de Gendarmería Nacional, acusados de integrar una organización que se apropiaba de cargamentos de hojas de coca durante controles en el peaje de General Lagos para luego revenderlos.
La causa, impulsada por la Unidad Fiscal de Casos Complejos, sostiene que los agentes —pertenecientes al Escuadrón 46 de Seguridad Vial “Arroyo Seco”— habrían actuado de manera coordinada entre enero y mayo de 2025, período en el que se quedaron con al menos 1.144 kilos de hojas de coca ingresadas ilegalmente al país.
Según la imputación presentada ante el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, los gendarmes enfrentan cargos por asociación ilícita, cohecho pasivo, encubrimiento de contrabando e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La hipótesis fiscal describe un esquema organizado: algunos de los agentes retenían cargamentos en controles vehiculares sin reportarlos oficialmente, para luego entregarlos a otro integrante del grupo, señalado como pieza clave de la maniobra. Este último coordinaba las operaciones, fijaba precios y distribuía la mercadería en el circuito ilegal.
El caso comenzó a desmoronarse el 5 de mayo de 2025, cuando uno de los gendarmes fue interceptado con 180 kilos de hojas de coca, lo que dio origen a la investigación que derivó en la imputación del resto de los involucrados.
Además, una mujer de Rosario fue imputada por su presunta participación en la compra de parte de la mercadería, que luego habría sido comercializada al menudeo. En un allanamiento realizado en su vivienda se secuestraron varios bolsones con hojas de coca.
La fiscalía detalló al menos doce episodios con un mismo patrón: secuestro irregular de la mercadería, omisión de denuncia y posterior venta a cambio de dinero, mediante transferencias y pagos en efectivo.
Como medidas cautelares, la Justicia ordenó que todos los imputados se sometan al proceso, no entorpezcan la investigación y no salgan del país sin autorización. También dispuso embargos e inhibiciones de bienes por montos millonarios, con el objetivo de garantizar eventuales decomisos.
La causa continúa en etapa de investigación y podría derivar en penas económicas severas en caso de confirmarse las maniobras atribuidas a los acusados.