Liberaron al adolescente acusado del crimen de su madre y la familia expresó su preocupación
La Justicia dispuso este martes la liberación del adolescente de 15 años señalado como responsable del homicidio de su madre, la policía Rosalía Yamila La Roza, ocurrido en Villa Gobernador Gálvez. La decisión generó un fuerte rechazo por parte de los familiares de la víctima, quienes cuestionaron la medida y manifestaron temor ante el regreso del joven a la ciudad.
Hasta el momento, el menor permanecía bajo la tutela de la Secretaría de Niñez en un dispositivo ubicado fuera del departamento Rosario, debido a que por su edad es considerado no punible por la legislación vigente.
Según trascendió, el juez interviniente hizo lugar a un pedido del organismo provincial para que el adolescente vuelva a residir en Villa Gobernador Gálvez, donde ocurrió el hecho que conmocionó a la región.
La resolución fue cuestionada por la familia de la víctima. Rosa, madre de Rosalía y abuela del adolescente, expresó públicamente su preocupación por la medida y aseguró sentir miedo ante la posibilidad de que el joven regrese a la comunidad.
Por su parte, el abogado querellante Osvaldo Alonso adelantó que apelará la decisión judicial. El letrado sostuvo que insistirá en la necesidad de profundizar las evaluaciones vinculadas a la salud mental del adolescente y analizar las medidas de protección correspondientes para el entorno familiar.
De acuerdo con la investigación, el joven está acusado de haber planificado el homicidio de su madre. La causa avanzó mediante una audiencia informativa, aunque al tratarse de un menor de 16 años no puede ser sometido a un proceso penal como un adulto.
Además de la apelación, la representación legal de la familia impulsa gestiones para recuperar pertenencias que permanecen dentro de un inmueble relacionado con la causa, con el objetivo de evitar nuevas situaciones de revictimización para los allegados de la víctima.
El caso continúa generando conmoción en Villa Gobernador Gálvez y permanece bajo seguimiento de las autoridades judiciales y de los organismos de protección de la niñez.