Procesaron a Ornella Calvete en la causa Andis: le secuestraron dólares, pesos y euros en un allanamiento

Durante un allanamiento realizado en su departamento de Puerto Madero, la Policía Federal Argentina secuestró 695.457 dólares, cerca de 20 millones de pesos y 1.960 euros, dinero que por el momento no le será restituido, aunque no se dispuso su detención. En la causa también está procesado su padre, Miguel Ángel Calvete, junto a otros 17 acusados.

El operativo fue ordenado el 9 de octubre por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi. El procedimiento se llevó adelante en un piso 34 de una torre de lujo donde residía la entonces funcionaria, quien presentó su renuncia días después de que el caso tomara estado público.

Según consta en el expediente, el dinero fue hallado oculto entre objetos personales y cajas dentro de la vivienda. Ante la Justicia, Calvete sostuvo que esos fondos “nunca estuvieron bajo su administración ni disposición”.

Un rol clave en la estructura investigada

De acuerdo con la acusación fiscal, Ornella Calvete habría cumplido una función central en la operatoria investigada, aportando información estratégica y facilitando contactos desde su posición en el Estado. Su pareja, Javier Cardini —ex subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía— también dejó su cargo tras el escándalo, aunque no fue imputado en la causa.

Picardi sostiene que la ex funcionaria utilizó su acceso a información oficial para realizar averiguaciones sobre la estructura interna de la Andis, incluso antes de asumir formalmente cargos vinculados al área. Entre enero y septiembre de 2024 se desempeñó como directora de Análisis de Cadenas de Valor, aunque su injerencia se habría iniciado con anterioridad.

La investigación determinó que, tras la asunción del presidente Javier Milei, Calvete consultó sobre quiénes ocupaban cargos clave en distintas áreas de la Andis, particularmente en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y en el programa Incluir Salud, a pedido de su padre.

Uso de información privilegiada

Uno de los puntos centrales del expediente señala que Calvete habría utilizado bases de datos oficiales para suministrar listados de empresas importadoras y potenciales clientes a Miguel Ángel Calvete. El fiscal documentó intercambios de mensajes en los que la ex funcionaria envió información sensible vinculada, por ejemplo, a importaciones de urea y otros productos, que no guardaban relación directa con las prestaciones de discapacidad.

Para los investigadores, esta información habría sido utilizada para facilitar maniobras de lobby y negocios en distintos sectores, incluidos los agroquímicos y fertilizantes. La Justicia habló de una “mancomunión de intereses” entre padre e hija para obtener beneficios económicos a partir de su posición dentro del Estado.

Además, los peritajes telefónicos revelaron conversaciones en las que Calvete promovía presentaciones comerciales de empresas vinculadas a su padre ante organismos públicos, incluso en los primeros días de su gestión, y advertía sobre la necesidad de ocultar la titularidad real de las firmas mediante “nombres de fantasía”.

Embargo millonario y defensa

Tras el avance de la causa y la difusión del escándalo, en septiembre de 2025 Calvete alertó a su padre sobre la presencia policial en su edificio y consultó cómo justificar el dinero en efectivo que tenía en su domicilio ante un eventual allanamiento.

Finalmente, el juez Casanello consideró que las pruebas reunidas —mensajes, documentos y cruces de información— permiten sostener que la imputada conocía la ilegalidad de las maniobras. Por ese motivo, dictó su procesamiento sin prisión preventiva y ordenó un embargo sobre sus bienes por más de 94.288 millones de pesos.

En su descargo presentado en diciembre, Ornella Calvete negó haber participado en sociedades comerciales, gestionado contrataciones o mantenido vínculos empresariales con las firmas mencionadas en la causa. También sostuvo que los chats incorporados al expediente fueron “malinterpretados” y no guardan relación con hechos delictivos.