Protestas policiales en Rosario: el gobierno pasó a disponibilidad a 20 agentes y evalúa más sanciones

En una conferencia de prensa convocada de urgencia, el ministro Pablo Cococcioni sostuvo que las manifestaciones, que comenzaron con reclamos laborales legítimos, derivaron en acciones violentas e ilegales impulsadas por intereses sectoriales dentro y fuera de la fuerza. En ese marco, diferenció a quienes se expresaron de manera pacífica de aquellos que incurrieron en faltas graves.

“El reclamo es atendible en gran parte, pero a partir de anoche se sumaron grupos que buscaron desestabilizar, instigando al personal y difundiendo información falsa en redes sociales”, afirmó el funcionario. Entre los hechos señalados mencionó intentos de bloquear móviles policiales que salían a patrullar desde Jefatura y abandono de funciones por parte de algunos agentes.

Sanciones y respaldo a la conducción policial

Cococcioni confirmó que los 20 policías ya identificados fueron separados preventivamente de sus cargos y aclaró que no serán sancionados quienes se hayan manifestado sin afectar el servicio. Sin embargo, advirtió que se investiga la posible participación de más efectivos, así como la existencia de vínculos entre algunos involucrados y delincuentes condenados o detenidos. También apuntó contra expolicías que, según dijo, buscan recuperar espacios de poder perdidos.

El ministro solicitó al Ministerio Público de la Acusación que analice si los hechos configuran delitos penales. “No vamos a permitir que se utilice a la institución policial para socavar una política de seguridad que costó mucho ordenar”, remarcó.

En relación con la conducción de la fuerza, descartó cambios inmediatos y ratificó a la actual cúpula policial, tanto a nivel provincial como local. Destacó especialmente la intervención del jefe de Policía, Luis Maldonado, quien se trasladó personalmente a la Jefatura rosarina para impedir bloqueos durante las protestas.

Patrullaje y advertencias

El titular de Seguridad reconoció que el servicio se vio tensionado, aunque aseguró que el patrullaje continúa activo, aunque “no con normalidad, sino con esfuerzo”. En ese sentido, alertó que la salida de servicio de unas 20 unidades urbanas elevó los riesgos y advirtió que ese tipo de conductas podría derivar en responsabilidades penales si se produjeran delitos que no pudieran prevenirse.

Cococcioni también valoró el trabajo de los efectivos que continuaron cumpliendo funciones. “Mientras algunos abandonaban su tarea, otros seguían realizando detenciones, secuestros de armas y patrullajes. Tiene que haber una diferencia clara entre quien cumple y quien no”, sostuvo.

Finalmente, reiteró la disposición al diálogo con la fuerza policial, pero marcó un límite. “Todo es discutible, menos poner en juego la seguridad pública. Estas acciones buscan dañar una política que está mostrando resultados en la reducción del delito y la violencia, tanto en Rosario como en la provincia”, concluyó.