Un allanamiento por violencia de género en Rosario derivó en el secuestro de drogas y armas: tres personas detenidas

Un procedimiento judicial iniciado por una causa de violencia de género en la zona sudoeste de Rosario derivó en el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes y armas de fuego, en un hecho que vuelve a evidenciar la complejidad de las tramas delictivas en los territorios urbanos.

El operativo fue llevado adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) junto a fuerzas especiales de la provincia, en una vivienda ubicada en Pasaje 1854 al 6300, en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía de Violencia de Género.

Durante el allanamiento, el personal interviniente incautó 567 envoltorios de cocaína —con un peso total de 210 gramos— y 16 ladrillos de marihuana que superaban los 6 kilos. Además, se secuestraron tres armas de fuego (dos pistolas calibre .22 y una .380), junto a una carabina de aire comprimido modificada.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidas tres personas —dos hombres y una mujer— mientras que otras dos quedaron con pedido de captura. La causa, que inicialmente estaba centrada en una situación de violencia de género, sumó la intervención de la Fiscalía de Microtráfico, que ahora investiga la posible vinculación con la comercialización de estupefacientes.

El caso expone cómo distintas formas de violencia —de género, armada y vinculada al narcotráfico— pueden entrelazarse en un mismo escenario, lo que plantea la necesidad de abordajes integrales por parte del Estado, que no se limiten a la intervención penal sino que contemplen también la prevención, la protección de las víctimas y el seguimiento de las economías ilegales.

En este sentido, si bien el secuestro de droga y armas representa un avance en la investigación, especialistas vienen señalando que este tipo de procedimientos suelen impactar sobre eslabones intermedios o bajos de las redes, sin afectar de manera estructural a las organizaciones que sostienen el negocio.

La investigación continúa en curso, con los elementos secuestrados puestos a disposición de la Justicia para su peritaje, mientras se busca dar con las personas que permanecen prófugas. Entretanto, el hecho vuelve a poner en agenda la necesidad de políticas públicas coordinadas que enfrenten de manera simultánea la violencia de género y las dinámicas del crimen organizado, atendiendo tanto sus consecuencias como sus causas estructurales.